7 Propuestas Concretas Para Salir del Subdesarrollo Educacional
1. Contrariamente a lo que se ha consagrado hoy en día, creemos que debe restituirse al profesor el papel y dignidad que nunca debió perder, asegurándosele para ello todos los medios económicos que su función requiere. Lo cual significa crear un Estatuto de la carrera profesional docente, que elimine cualquier elemento de flexibilidad laboral. Si se quiere implementar un proceso de evaluación, éste debe tomar en cuenta este concepto de dignidad de la función pedagógica. Concordante con esto el Estatuto Docente, deberá aplicarse a todos los profesores sin distingos. La dignidad del profesorado toca también el aspecto económico, esto es, en remuneraciones y pensiones justas y mejores condiciones laborales y de remuneración para los docentes en actividad, las cuales hoy en día, se sitúan a niveles de 40% menores a las de otros profesionales: abogados, médicos, ingenieros, etc.
2. Resulta inexplicable un Ministerio de Educación sin control alguno sobre los establecimientos educacionales. Este ministerio podría desaparecer y simplemente nadie lo notaría. En los años 20 del siglo pasado, al crearse el Ministerio de Educación se entendió que el Estado iba a ocuparse activamente de la política general, estrategias y programas de formación del profesorado nacional para todas las ramas de la educación. Ese papel en la educación chilena debe recuperarse con la máxima urgencia. Tarea a la cual deben incorporarse las universidades estatales.
3. Durante la transición a un nuevo sistema educacional debe evaluarse objetivamente el fracasado sistema municipal. Para ello, como se mencionó en el número anterior, el Ministerio de Educación, con real poder, debe recuperar su rol histórico. Se evoca un déficit de 30 mil millones de pesos. Pues bien en el paso a la transición debiera reemplazarse, por la acción directa del Ministerio de Educación, todo municipio incapaz de llevar a cabo la función educativa. Para ello, el Estado debiera retomar las escuelas municipalizadas en quiebra. Entendemos quiebra en un sentido general, abarcando por tanto, la incapacidad de proveer una educación de calidad.
4. Actualmente 60% de los jóvenes estudiantes, estudian en la educación municipalizada, 8% en establecimientos corporativos, 32% en la educación particular. Sin embargo, 42% de los estudiantes pertenecientes a la educación municipalizada y que rindió la PSU [2005] quedó bajo del puntaje mínimo [450 puntos] para optar a una carrera universitaria. El 91 por ciento de los particulares logró sobre 450 puntos. El 68 por ciento de los puntajes nacionales corresponden a alumnos de colegios particulares y sólo el 10 por ciento a municipales. Si se toma en cuenta la condición socioeconómica el resultado es similar: de las familias que ganan entre 0 y 278 mil pesos mensuales un 42% obtuvo bajo 450 puntos y en aquellas familias que superan el millón 400 mil mensual, sólo el 7 por ciento quedó fuera de las postulaciones. Frente a estos resultados el Rector de la Universidad de Chile comentaba: "evidentemente no podemos estar año a año repitiendo estos mismos resultados, diciendo que el Instituto Nacional es la única excepción, pero el promedio de la educación municipal lo hace muy mal respecto de la privada". La conclusión es clara: la falencia del sistema educativo actual. Requiere de cirugía mayor. Es la concepción misma del sistema la que falla.
5. La realidad socio económica de los estudiantes exige la consideración de aranceles diferenciados, así como la creación de un Fondo Nacional Solidario de la educación. Además, si el objetivo es integrar la enseñanza a las actividades productivas debemos dar un fuerte impulso a la enseñanza Técnico Profesional, buscando la concordancia con actividades productivas regionales. En ese mismo espíritu debieran profundizarse todas las instancias de regionalización del sistema educativo público, entregando el adecuado soporte financiero y técnico para que se cumpla esta función.
6. Necesidad de una Superintendencia de Educación en cuanto organismo contralor tanto de la educación pública como privada; cautelando el empleo de los recursos económicos y financieros del sector, la calidad y equidad de los servicios entregados a la población, por los distintos tipos de establecimientos educacionales, reciban o no subvención fiscal. En este mismo propósito de integración de la educación a la ciudadanía, en su expresión territorial, las municipalidades debieran organizar y hacer funcionar un Consejo Comunal de Educación integrado por representantes del Colegio de Profesores, profesionales y representantes de las organizaciones sociales culturales y deportivas.
7. Por ello, proponemos la realización de un Congreso Nacional de Educación con amplia participación del Colegio de Profesores, comunidades escolares y del complejo social del país, a objeto de estudiar a fondo las disposiciones constitucionales y legales heredadas de la dictadura, y promover una nueva ley orgánica de educación, que responda a las necesidades reales de la sociedad chilena y de su tradición democrática.
Fuente: Héctor Vega. Economista, abogado y director de Fortín Mapocho.
2. Resulta inexplicable un Ministerio de Educación sin control alguno sobre los establecimientos educacionales. Este ministerio podría desaparecer y simplemente nadie lo notaría. En los años 20 del siglo pasado, al crearse el Ministerio de Educación se entendió que el Estado iba a ocuparse activamente de la política general, estrategias y programas de formación del profesorado nacional para todas las ramas de la educación. Ese papel en la educación chilena debe recuperarse con la máxima urgencia. Tarea a la cual deben incorporarse las universidades estatales.
3. Durante la transición a un nuevo sistema educacional debe evaluarse objetivamente el fracasado sistema municipal. Para ello, como se mencionó en el número anterior, el Ministerio de Educación, con real poder, debe recuperar su rol histórico. Se evoca un déficit de 30 mil millones de pesos. Pues bien en el paso a la transición debiera reemplazarse, por la acción directa del Ministerio de Educación, todo municipio incapaz de llevar a cabo la función educativa. Para ello, el Estado debiera retomar las escuelas municipalizadas en quiebra. Entendemos quiebra en un sentido general, abarcando por tanto, la incapacidad de proveer una educación de calidad.
4. Actualmente 60% de los jóvenes estudiantes, estudian en la educación municipalizada, 8% en establecimientos corporativos, 32% en la educación particular. Sin embargo, 42% de los estudiantes pertenecientes a la educación municipalizada y que rindió la PSU [2005] quedó bajo del puntaje mínimo [450 puntos] para optar a una carrera universitaria. El 91 por ciento de los particulares logró sobre 450 puntos. El 68 por ciento de los puntajes nacionales corresponden a alumnos de colegios particulares y sólo el 10 por ciento a municipales. Si se toma en cuenta la condición socioeconómica el resultado es similar: de las familias que ganan entre 0 y 278 mil pesos mensuales un 42% obtuvo bajo 450 puntos y en aquellas familias que superan el millón 400 mil mensual, sólo el 7 por ciento quedó fuera de las postulaciones. Frente a estos resultados el Rector de la Universidad de Chile comentaba: "evidentemente no podemos estar año a año repitiendo estos mismos resultados, diciendo que el Instituto Nacional es la única excepción, pero el promedio de la educación municipal lo hace muy mal respecto de la privada". La conclusión es clara: la falencia del sistema educativo actual. Requiere de cirugía mayor. Es la concepción misma del sistema la que falla.
5. La realidad socio económica de los estudiantes exige la consideración de aranceles diferenciados, así como la creación de un Fondo Nacional Solidario de la educación. Además, si el objetivo es integrar la enseñanza a las actividades productivas debemos dar un fuerte impulso a la enseñanza Técnico Profesional, buscando la concordancia con actividades productivas regionales. En ese mismo espíritu debieran profundizarse todas las instancias de regionalización del sistema educativo público, entregando el adecuado soporte financiero y técnico para que se cumpla esta función.
6. Necesidad de una Superintendencia de Educación en cuanto organismo contralor tanto de la educación pública como privada; cautelando el empleo de los recursos económicos y financieros del sector, la calidad y equidad de los servicios entregados a la población, por los distintos tipos de establecimientos educacionales, reciban o no subvención fiscal. En este mismo propósito de integración de la educación a la ciudadanía, en su expresión territorial, las municipalidades debieran organizar y hacer funcionar un Consejo Comunal de Educación integrado por representantes del Colegio de Profesores, profesionales y representantes de las organizaciones sociales culturales y deportivas.
7. Por ello, proponemos la realización de un Congreso Nacional de Educación con amplia participación del Colegio de Profesores, comunidades escolares y del complejo social del país, a objeto de estudiar a fondo las disposiciones constitucionales y legales heredadas de la dictadura, y promover una nueva ley orgánica de educación, que responda a las necesidades reales de la sociedad chilena y de su tradición democrática.
Fuente: Héctor Vega. Economista, abogado y director de Fortín Mapocho.
